La Ciudad de México se vio polarizada en discusiones tensas a propósito a la entrada al mercado de compañías como Uber y Cabify.
¿Cómo generar un debate de ciudad que ayude a generar espacios de discusión más productivos, y desde diferentes perspectivas? ¿Se puede crear una novedosa metodología que incorpore de diversas maneras voces ciudadanas al diseño de política pública en temas emergentes y urgentes? ¿Cómo incorporar las nuevas modalidades de transporte privado por aplicaciones al ecosistema de movilidad de la Ciudad de México?
Entendiendo la madurez del ecosistema de movilidad de la CDMX y aprovechando la Ley de Ciudad Abierta de la CDMX —que nos da a los capitalinos el derecho de ser parte del diseño de política pública—, ¿cómo integrar a la ciudadanía en la discusión sobre regulación y prestación del servicio de transporte, temas que usualmente se hacen a puerta cerrada?
La reciente incorporación de plataformas móviles para la utilización de servicios de transporte individual privado ha despertado un gran debate alrededor del mundo y la Ciudad de México no es la excepción. Por una parte, la innovación tecnológica se ha convertido en un impulsor esencial de cambio; sin embargo, la incorporación de estas tecnologías puede irrumpir drásticamente en la manera de operar de los taxistas y las instituciones, así como generar importantes externalidades - como el aumento del parque vehicular.
Tras la entrada en operación de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) a la Ciudad de México en 2015, inició un enfrentamiento público entre éstos y el servicio de transporte individual, conocidos como taxis. La complicada situación política para regular a las ERT (Uber, Cabify, entre otras) cobró relevancia por la ausencia que tenían como figura y prestación del servicio de transporte en los marcos normativos existentes como la Ley de Movilidad. Derivado de esto, la Ciudad de México fue testigo de múltiples manifestaciones de taxistas contra lo que llamaban ‘taxis piratas’ y particularmente contra una supuesta ilegalidad en la operación de la compañías Uber, Cabify, entre otras, desatando polémicas entre una sociedad cada vez más dividida en torno al tema.
Bloqueos en importantes vialidades como Paseo de la Reforma, Tlalpan e Insurgentes y en zonas como Santa Fe caracterizaron estas protestas. El argumento de los taxistas era que el gobierno capitalino “tenía las facultades suficientes para aplicar las normas e impedir que empresas transnacionales como Uber y Cabify llegaran a nuestro país y se llevaran ganancias, afectando a la economía y abonando al desempleo”. Estas manifestaciones comenzaron a replicarse en otras partes de la República Mexicana con distintos gremios y asociaciones de transportistas convocando bloqueos en 29 estados. La polarización de la discusión estuvo marcada durante meses por las exigencias de los grupos de taxistas, quienes demandaron al gobierno de la ciudad la prohibición del servicio de transporte a través de aplicaciones digitales. Los manifestantes acusaban la ilegalidad e inconstitucionalidad del servicio, argumentando que la Ley de Movilidad y los reglamentos correspondientes señalaban claramente que era necesario contar con concesiones o permisos para prestar ese tipo de servicios de transporte.
Por otra parte, líderes de opinión y ciudadanos a su vez demandaron que se dejara operar a estas nuevas empresas. Argumentaron que había una mejora importante en calidad y seguridad del servicio, criticando las deficiencias del sistema de taxis y aseverando que el gobierno no debía de tomar medidas paternalistas y estancarse en paradigmas caducos de movilidad, sino aprovechar nuevos servicios y tecnologías para bien de los ciudadanos. Muchas de las discusiones en redes sociales se vieron teñidas de prejuicios sociales, atacando el carácter de los taxistas.
Así, escaló el tono de las demandas polarizadas y los rumores falsos. El debate además se centró en lo que desde el Laboratorio veíamos como una falsa premisa: que a la CDMX le tocaba escoger entre innovación o inclusión.
Dentro de este contexto álgido, ¿cómo diseñar una metodología que pudiera redirigir la conversación pública a los temas centrales y hacerla, si no menos tensa, por lo menos más productiva? ¿Cómo se pueden generar debates en el contexto de una megalópolis tan diversa como la nuestra?
Se buscó generar una discusión basada en la competencia justa, así como la incorporación de tecnología a ofertas de movilidad y las externalidades que podrían producir estos nuevos servicios. El problema detonador representó en sí también una oportunidad. Es importante mencionar que la dimensión cobre relevancia en la Ciudad de México donde cotidianamente existen 140 mil unidades de taxi, con tarifas bajas comparado con otras ciudades y una baja calidad del servicio percibida por el usuario. La oportunidad yacía en aprovechar la coyuntura mediática para fortalecer el servicio de transporte individual de manera integral y una discusión pública en favor de una mejor movilidad en la Ciudad de México. Además, la coyuntura permitió prototipar nuevas formas para abordar discusiones polarizadas en la ciudad aprovechando la Ley de Ciudad Abierta de la CDMX y avanzar en el desarrollo de herramientas participativas de construcción de política pública.
Entre los retos que implicó hacer un debate digital se encontraron los siguientes:
El Laboratorio para la Ciudad propuso un ejercicio de apertura gubernamental y participación ciudadana para tratar la problemática aprovechando la inteligencia colectiva de la ciudad. El ejercicio propuesto fue la realización de una plataforma única que concentrara toda la información pertinente y explicara el proceso a seguir; un debate digital; mesas de trabajo presenciales que derivarían en una publicación de recomendaciones comentable para compartir con ciudadanía; y una plataforma con documentos abiertos que permitiera una última ronda de comentarios antes de finalizar las recomendaciones de política pública.
La tarea del Laboratorio fue diseñar dichos procesos y plataformas, además de moderar las discusiones, captando las recomendaciones y articulando las voces para crear un documento que generara un precedente en el tema. El documento de recomendaciones resultante se entregó al jefe de gobierno y a la Secretaría de Movilidad como insumo para nutrir la política de transporte de la ciudad y específicamente sobre los servicios privados.
El ejercicio se diseñó bajo el concepto de proyecto basado en resultados,utilizando un esquema de jerarquización de objetivos y metas verificables. Para esto, se utilizó una matriz de resultados en la que se establecen los componentes, propósitos y fines del ejercicio en la primera columna. La segunda columna especifica la meta indicador vinculada al elemento a evaluar, y la tercera columna muestra el medio de verificación de la meta indicador establecida. Asimismo, se establecieron los siguientes objetivos específicos con sus respectivos indicadores de cumplimiento:
El ejercicio participativo se desarrolló en tres fases: Debate, Mesas de trabajo y Recomendaciones de la ciudadanía.
Primera fase: El debate esbozó un primer panorama sobre las opiniones y el estado de la cuestión del paradigma de la movilidad en la Ciudad de México respecto a dos temas: apps que ofrecen servicios de transporte y competitividad de los taxistas. Las opiniones expresadas —por los líderes de opinión y los comentarios del público enviados por medios digitales (Twitter) y no digitales (Locatel)— fueron recabadas por relatores con el fin de documentar las posturas de los participantes y luego fueron utilizadas como material de análisis en mesas de trabajo.
Segunda fase: Las mesas de trabajo estuvieron compuestas por perfiles interdisciplinarios de expertos y actores involucrados en la conversación sobre las apps de movilidad. Buscamos que estos actores nutrieran las estrategias de regulación con el objetivo de que el gobierno de la ciudad tomara en cuenta esas opiniones e inquietudes en el diseño de la política pública al respecto. Fueron tres las mesas de trabajo con las siguientes temáticas: competencia justa, tecnología inclusiva y retribución cívica.
Las recomendaciones formuladas por los participantes de las mesas y las observaciones que la ciudadanía realizó durante un periodo de 48 horas en la plataforma abierta fueron compiladas para poder entregar un documento final de recomendaciones a las autoridades correspondientes.
Competencia justa
Tecnología inclusiva
Retribución cívica
Las autoridades poseen un documento con recomendaciones claras que fueron originadas desde un debate y una plataforma de participación ciudadana. Las estrategias informadas y pensadas desde distintos ángulos nos ayudarán a consolidar una ciudad abierta para poder tener una democracia más amplia y representativa.
Tercera fase: Las recomendaciones de la ciudadanía fueron recabadas en una plataforma virtual bajo las tres temáticas previamente establecidas en las mesas de trabajo. El Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) nos apoyó en la apertura de una plataforma digital de retroalimentación de publicaciones, denominada PubPub. Mediante esta herramienta cualquier persona pudo hacer comentarios y observaciones sobre las recomendaciones surgidas de las mesas de trabajo. La plataforma permitió a todo ciudadano interesado tener acceso a las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo para manifestar su opinión. En ella podían agregar comentarios para fomentar discusiones precisas. PubPub además permite obtener un análisis minucioso de la información añadida al documento, así como distintos metadatos de quienes han ingresado información en ella.
La plataforma permaneció abierta durante 48 horas. Al terminar este lapso, se realizó un análisis de las opiniones vertidas y los datos obtenidos para la creación de un documento final de recomendaciones.
Cuarta fase: entrega a jefatura y Semovi. Una vez generado el documento, se presentó ante el jefe de gobierno y una mesa de trabajo de funcionarios de gobierno de la Ciudad de México, en donde la Secretaría de Movilidad, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y la Secretaría de Desarrollo Económico trabajaron en conjunto para impulsar los acuerdos obtenidos previamente en colaboración con la ciudadanía.
Quinta fase: implementación. Dadas las atribuciones e instrucciones, esta ya no estuvo a cargo del Lab sino de Semovi.
El 15 de julio de 2015, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 133 Bis publicó una nueva regulación en torno a los sistemas de transporte en donde se reconoció legalmente a los operadores privados que trabajan por medio de aplicaciones digitales, quienes deberán gestionar un permiso y cumplir con los requisitos estipulados (tales como capacitación y seguro médico para los operadores).
La publicación representa un punto importante de la participación del LabCDMX en este proceso. Destacaron distintas recomendaciones que surgieron en las mesas del debate, por ejemplo, la creación de un fondo de movilidad del que las empresas serán contribuyentes primordiales.
Si generamos procesos novedosos de debate y participación podemos lograr tener una discusión madura y proactiva como ciudad en torno a temas difíciles y complejos, en lugar de discusiones polarizadas (en ocasiones violentas) que frecuentemente se basan en rumores e información falsa.
Aprovechar el talento ciudadano a través de nuevas formas de incorporación de voces e ideas en el diseño de política pública propiciará:
En términos generales se cumplieron los objetivos del debate y se superaron en la mayoría de los casos las metas planteadas. En cuanto a los objetivos de componente, se logró reunir a los actores y actores relevantes. Se alcanzó la meta de las encuestas realizadas anterior y durante el debate. En cuanto a las metas de propósito de movilidad, se lograron captar las recomendaciones esperadas.
Respecto a las metas de propósito y experimento, se superaron los alcances de participación ciudadana en la mayoría de las metas planteadas. La parte más endeble del ejercicio fue PubPub, donde no se cumplió la meta de registrados. En este sentido, es importante considerar a futuro mecanismos para fortalecer esta fase del ejercicio y poder traducir una participación robusta en las fases anteriores a esta otra etapa y tipología participación.
Además, se logró redirigir una discusión polarizada. En medios se observó una modificación en los temas abordados y el tono de las noticias. No obstante, en las mesas sólo en dos de tres se logró despolarizar la discusión. Por otro lado, no se alcanzaron las metas de planteadas en cuanto a desmitificar información y construir mejores herramientas participativas.
Los principales acuerdos negociados con Uber y Cabify fueron los siguientes:
El Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón cuenta a la fecha con 188 millones de pesos de los cuáles no se ha destinado a ninguna obra o proyecto por el momento; sin embargo se tiene proyectado la intervención de 51 kilómetros de las líneas del trolebús para habilitarlas como carriles bus-bici. Tanto el registro como las características de los prestadores del servicio público de taxi mediante apps a crecido gradualmente sin contar con cifras que den certeza de los escenarios a futuro.
La metodología utilizada para el DebateCDMX fue una novedad no sólo para la CDMX, sino para el mundo, ya que en nuestras investigaciones no hemos encontrado un referente previo de otro gobierno que haya utilizado plataformas y metodologías de debate, mesas de trabajo en combinación con plataformas digitales, para co-crear política pública e inclusive evolucionar hacia “crowdlaw”. Varios meses después Taiwan utilizó una metodología similar para lo mismo, y este proceso se ha vuelto uno de los referentes más importantes a nivel mundial de procesos participativos contemporáneos.
Varias ciudades de América Latina replicaron la regulación que implementó la CDMX, volviéndose el referente para la región. Durante el mes de julio de 2015 comenzó el debate público por contar con una regulación en la prestación del servicio de transporte para la Ciudad de México. Posteriormente se sumaron en los meses siguientes ciudades de América Latina. El hito que marcó la Ciudad de México se vió reflejado en las acciones de regulación por países como Colombia, Chile, Argentina y recientemente Brasil.
Finalizado de parte del Laboratorio para la Ciudad.
En proceso de parte de Semovi.
Recomendaciones y puntos negociados aún deben de implementarse
Debate
Mesa 1
Mesa 2
Mesa 3